TEMAS DE ANALISIS
Decretos para salvar el lucrativo negocio de la salud.
(Por Santiago Villarreal Cuellar)
Mediante un paquete de decretos, el presidente Álvaro Uribe pretende salvar el conjunto de servicios de salud, establecidos como un negocio lucrativo en la Ley 100 de 1993, cuyo ponente, como senador, fue precisamente él mismo.
Colombia nunca ha contado con un servicio de salud que cubra gratuitamente toda la población, como sí lo tienen la mayoría de países europeos y la casi totalidad de naciones latinoamericanas. El sistema que existió antes de la Ley 100, era además ineficiente, pero el que se creó no se concibió precisamente para universalizar la salud y hacerla gratuita, sino con el propósito de beneficiar a unas empresas privadas (E.P.S., I.P.S. y otras) dividiendo a la población en chocantes clases: medicina para ricos (medicina pre-pagada), medicina para clase media (régimen contributivo) y medicina para pobres (régimen subsidiado) y otra franja de población sin acceso a la salud(población sin capacidad de pago y sin condiciones para demostrar derecho a subsidio).
Desde el comienzo de la entrada en vigencia del nuevo sistema, ha tenido muchísimas falencias. Solo en el año 2008, acudieron a la acción de tutela 142.947 colombianos solicitando el amparo de sus derechos relacionados con la negación de servicios de salud. La expedición de la Ley 1122 de 2007, en nada cambió la calidad en la prestación de tan vital servicio. Pero fue la Sentencia T-760 de julio de 2008, emanada de la Corte Constitucional, la que obligó al gobierno a adoptar una serie de medidas entre las que sobresalieron: reformar, actualizar, adaptar y unificar los Planes de Beneficios (POS); garantizar el financiamiento oportuno y adecuado de actividades para garantizar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud; adoptar medidas dirigidas a alcanzar en forma progresiva la cobertura universal en enero de 2010 de la prestación del servicio.
Las empresas privadas, prestadoras del servicio de la salud, descubrieron que al obligarlas a cumplir con la sentencia, perderían una gran porción de las ganancias del jugoso pastel y de inmediato solicitaron al padre del sistema (el presidente Uribe) salvarlas de tener que dejar de ganar, en detrimento de los pacientes.
Porque tenemos que decirle a la ciudadanía que las E.P.S, no solo no tienen pérdidas financieras, sino que por el contrario, continúan creciendo en forma escandalosa y las sitúa entra las 100 empresas más grandes de Colombia. El patrimonio de las E.P.S. pasó de $531.089 millones en marzo de 2007 a $574.613 millones a igual periodo de 2008.
Tampoco es cierto lo que se argumentó por parte del ministro de la Protección Social al expedir los decretos de emergencia social, de que no existían recursos suficientes para continuar sosteniendo el sistema de salud. Si revisamos las cifras del Fondo de Solidaridad y Garantías (fosyga), encontramos que hay dinero suficiente. A fines de 2009 había unos 6,5 billones de pesos. Pero lo que sucede es que dichos dineros en su mayoría se encuentran invertidos así: (93,7%) están invertidos (2,7% en CDT, 18% en TDA, 0.3% en bonos y 79% en TES). Lo que quiere decir que dichos dineros destinados a la salud no están disponibles para las necesidades ciudadanas, sino puestos al servicio del sector financiero, además que sirven de caja menor del gobierno para financiar el déficit fiscal.
De modo que todos los argumentos esgrimidos por el gobierno, con el propósito de revertir parte de los costos de la prestación de los servicios de salud a los usuarios, no es otra cosa que proteger a las E.P.S. de no perder parte de los jugosos ingresos que le podría causar el cumplimiento de la Sentencia T-760.
Ahora bien, si el gobierno está interesado en prestar un excelente servicio de salud, con cobertura universal y gratuita, basta con presentar un proyecto de Ley al congreso, derogando la Ley 100 y creando un sistema de salud, manejado directamente por el Estado, en el cual se pueden contratar algunos servicios con empresas privadas y creando un servicio estricto de vigilancia y cumplimiento de dicho servicio y exigiendo al usuario como único requisito para tener acceso al servicio, simplemente que sea un ser humano.
Pitalito, febrero 18 de 2010.
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