TEMAS DE ANALISIS
En Uruguay Por Fin La Justicia Llega.
(Por Santiago Villarreal Cuellar)
Pocos conocen hoy, sobre todo la juventud que poco le interesa la historia, quien es el general Gregorio Conrado Álvarez Armelino. Pues bien, este general uruguayo que ya pasa de los ochenta años, que por estos días se encuentra con diarrea para tratar de evitar ir a la cárcel, hizo parte de ese grupo de militares latinoamericanos que en la década de 1os setenta y el ochenta desarrollaron el llamado Plan Cóndor, diseñado por la CIA de los Estados Unidos y por el señor Henry Kissinger, secretario de estado de ese país en el gobierno de Richard Nixon, para los países de la América Hispana.
Ese tenebroso plan, consistía en eliminar, físicamente y a como diera lugar, a todos los dirigentes de la izquierda de todas estas naciones, que utilizando las vías de la democracia estaban creciendo políticamente, mientras en otras utilizaron acciones de hecho para tratar de llegar al poder.
Cuando en 1970, llego mediante elecciones libres al poder en Chile, el medico Salvador Allende Gossens, los señores del Pentágono en Norte-América, se asustaron y comenzaron a diseñar dicho plan con el propósito de evitar, que el resto de países de este continente cayera en las manos de lo que ellos consideraban comunismo. Es algo parecido a lo que sucede ahora con la llegada de gobiernos independientes en algunos países de nuestro continente. Han comenzado a satanizar a Chávez, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Daniel Ortega y a todo aquel dirigente político que pretenda liberar su país de las garras del Fondo Monetario Internacional, ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales y energéticos, la soberanía alimentaria y cambiar el modelo económico neo-liberal, por otro modelo justo para nuestras naciones.
Pero volvamos al caso del Uruguay: el 27 de junio de 1973, el presidente constitucional Juan María Bordaberry Arocena, aliado con la cúpula militar, disuelve el congreso y constituyen una junta cívico-militar, cortando de cuajo más de cincuenta años de vida democrática, que al igual que la democracia chilena, se constituían en las más maduras de Latinoamérica. El 21 de junio de 1976, Bordaberry es destituido y designan como presidente interino a Alberto Domichelli Lizaso, y el primero de septiembre del mismo año toma el poder Aparicio Méndez Manfredini, presidente de facto. El primero de agosto de 1981 toma posesión el general Gregorio Álvarez, quien en los años anteriores era comandante del ejército y por ende, el que ordenaba ejecuciones y desapariciones extra-juicio.
Por esta razón el pasado miércoles 21 de octubre de 2009, fue condenado a veinticinco años de prisión por crímenes de lesa humanidad, entre ellas la desaparición comprobada de treinta y siete personas. Naturalmente que al igual que en el Perú con Alberto Fujimori, los familiares de las victimas tuvieron que esperar más de veinte años para que se hiciera justicia.
Y es que desde el año de 1983, cuando Raúl Alfonsín llegó a la presidencia de la Argentina y restauró la democracia, dio ejemplo al mundo, solicitándole a la justicia de su país que llamara a juicio a los militares implicados en ejecuciones sumarias (falsos positivos) y sobretodo por las desapariciones forzadas. Organizó la Comisión de la Verdad y la Justicia, que presidió el escritor Ernesto Sábato y de la cual fueron protagonistas principales las madres de Plaza de Mayo. No fue fácil, porque en el gobierno derechista de Carlos Menen, se aprobó la ley de punto final que amnistió a los generales y nuevamente quedaron en libertad. Pero en el gobierno de Néstor Kigsner, se derogó la ley, se reanudaron de nuevo los juicios y finalmente estos criminales fueron condenados a cadena perpetua, de acuerdo al derecho argentino para estos casos.
Algo parecido sucedió en el Uruguay cuando se reanudó la democracia en el año de 1984, y el presidente Julio María Sanguinetti, se vio obligado a presentar una ley de amnistía y punto final, lo que mantuvo a los criminales, libres durante más de veinte años. Dicha ley fue derogada por petición del actual gobierno y finalmente a finales de septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de los familiares de las victimas.
Aquí sí podemos decir con plena satisfacción, que la justicia cojea, pero llega.
Pitalito, octubre 24 de 2009.
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